En una jornada marcada por la tensión en el Recinto Legislativo, el Pleno del Congreso del Estado de Veracruz aprobó despojar de su inmunidad procesal al presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, para que pueda ser investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con 40 votos a favor y 8 en contra, las y los diputados respaldaron el dictamen de la Comisión Instructora, determinando que existen elementos suficientes para proceder penalmente en contra del edil.

De la serenidad al desbande

Apenas unos momentos antes de que se concretara el fallo en su contra, Bravo Montero intentaba mostrar temple ante los medios de comunicación.

“No me he ido de pelada, aquí estoy. Soy inocente (…) No tengo temor, porque no soy un delincuente ni nada”, afirmaba con soltura, sosteniendo además que no abandonaría la entidad y que encararía el proceso legal. Sin embargo, el ambiente dentro y fuera del palacio legislativo se tornó denso con la presencia de elementos de la Policía Ministerial.

La sesión dio inicio a las 16:30 horas y, apenas una hora después, el discurso del munícipe se vino abajo: secándose el sudor de la frente, notablemente desencajado y a paso apresurado, Bravo Montero abandonó el recinto. Subió a su camioneta y se retiró del lugar antes de que concluyera el conteo de la votación, la cual terminó por quitarle el fuero constitucional.

Los hechos que lo involucran

La investigación de la Fiscalía General del Estado en contra de Bertín Bravo Montero se deriva de la desaparición del empresario Héctor Ramos y de su escolta, Ignacio López. Ambos fueron vistos por última vez en mayo pasado, tras acudir a una reunión en el domicilio particular del alcalde, ubicado en la localidad de Barra de Chachalacas.

Tras la resolución del Poder Legislativo, las autoridades judiciales tienen el camino libre para continuar con el proceso correspondiente y deslindar responsabilidades.