En el comunicado, signado por liderazgos como el coordinador estatal Luis Carbonell de la Hoz, el diputado federal Sergio Gil Rullán y Dante Delgado Morales, la dirigencia de MC sostuvo que en la entidad «no se combatió ni combate al crimen organizado, pero sí se persiguió y persiguen a opositores». Asimismo, demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) actuar con autonomía y no convertirse en una «herramienta de persecución en contra de adversarios del régimen».
Ante estos seccionamientos y las versiones sobre supuestas presiones tras una negativa de los ediles a sumarse a las filas del partido oficialista, Nahle García descartó rotundamente dichas aseveraciones. «Yo pregunté al dirigente estatal y eso no es cierto, a ellos no se les invitó, eso no es verdad. Nosotros aquí no estamos con politiquerías», puntualizó la mandataria durante su conferencia de prensa, asegurando que los procedimientos ante el Congreso local responden a investigaciones penales iniciadas por la FGE y no a cuestiones partidistas. «Sea quien sea, si actuó mal, tiene que pagar su responsabilidad».
El proceso de desafuero iniciado por el Congreso del Estado involucra a Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, y a Bertín Bravo Montero, edil de Úrsulo Galván.
En el caso de Ixhuatlán del Sureste, las indagatorias derivan de la detención previa del comandante y tres elementos de la policía municipal por el homicidio de la comunicadora Roxana Guzmán, a quien la gobernadora se refirió como «la señora de Nanchital», caso en el que destacó que existen entre siete u ocho detenidos y la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR). Por su parte, el alcalde de Úrsulo Galván enfrenta investigaciones ligadas a la presunta desaparición de un empresario y su escolta.
«En la Mesa de Seguridad no nos estamos fijando si es de un partido o de otro, son delincuentes. La línea de investigación que hace la Fiscalía, que sea la línea de investigación. En mi gobierno no se persigue a nadie», concluyó la titular del Ejecutivo estatal.
