Ante este escenario, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) sostuvieron una audiencia con la magistrada presidenta Zaira Cecilia Flores para exigir que el tribunal resuelva a favor del activista y revoque la condena de 20 años de prisión y la multa de más de 30 mil pesos por un presunto homicidio.

«Higinio no está preso porque haya cometido este delito, sino a través de esta práctica de la infiltración. El rechazo de la Suprema Corte vulnera los derechos de los que se organizan, porque da manga ancha para que el Ejército siga cometiendo crímenes de lesa humanidad», afirmó Matías Flores Hernández, vocero del FNLS.

Durante la presentación del posicionamiento, la organización denunció que la decisión del máximo tribunal omitió revisar el fondo del caso y la legalidad del espionaje militar hacia movimientos sociales.

«La corte es omisa en una cuestión anticonstitucional flagrante que engendra mayor violencia de Estado. Al negar la atracción del amparo se deja un cheque en blanco con el cual el Ejército recurre al espionaje político como práctica contrainsurgente», puntualizó la agrupación a través de un documento entregado a la opinión pública.

Tras el rechazo de la SCJN, la resolución definitiva de la causa 20/2026 queda en manos del tribunal colegiado federal en Boca del Río. La defensa y los familiares urgieron a los magistrados a acatar los pronunciamientos del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, que catalogó la aprehensión de Bustos Navarro como un arresto arbitrario, para otorgarle la libertad inmediata tras cinco años y dos meses en el penal de Chicontepec